El traslado de sede social de FERROVIAL desata una guerra política y mediática

La legítima decisión de FERROVIAL de trasladar su domicilio social a Países Bajos está teniendo un ruido mediático de considerable magnitud.
Más allá de las posibles implicaciones fiscales que ello pudiera tener (la fiscalidad internacional es realmente compleja) hay que atender a la realidad empresarial de la compañía, y el hecho de que sus inicios en Diciembre de 1.952 fuese en las infraestructuras ferroviarias españolas, no implica obligación alguna sobre la sede de sus negocios.
De hecho, de la memoria de sus cuentas anuales del año pasado, se extrae que el 38.5% de sus ingresos provienen de EEUU, el 24.3% de Polonia y tan solo un 15,3% de su actividad en España. Si analizamos la empresa por volumen de activos, el 56,8% de los mismos están en EEUU, el 13,6% en Canada y tan solo el 7,5% en España. Esta es precisamente la clara definición de empresa multinacional, dándose el caso de que el negocio internacional de FERROVIAL es muchísimo mayor que el que tiene en España.
El impacto que la decisión estratégica tomada pueda tener en otras empresas multinacionales españolas, por el llamado efecto contagio, es imposible de predecir, y lo iremos viendo a lo largo del tiempo, pero quizás sea mas importante la lectura que puedan hacer los grandes inversores internacionales de esta decisión empresarial.
Durante muchos años hemos centrado la gran preocupación del riesgo país, exclusivamente en el riesgo económico, valorándose el mismo por el diferencial del rendimiento del bono español a 10 años con el bono alemán, la llamada prima de riesgo. Pues bien, lejos estamos de aquella prima de riesgo que alcanzó su punto álgido el 7 de octubre de 1992 con 668 puntos básicos (ese mismo día Holanda tenía una prima de riesgo de 32 puntos básicos), ya que, en, la actualidad, el rendimiento del bono español está en 3.80% frente al 3,05% del bono holandés.
Es decir, en estos momentos, hay otras variables que seguramente impactan más en las decisiones de inversión, y probablemente la más importante sea la inseguridad jurídica.
Cuando a 28 de diciembre se publica en el BOE una ley; que no es una inocentada, estableciendo un gravamen temporal a las empresas energéticas, a las entidades de crédito, a las grandes fortunas o se limita la compensación de bases imponibles negativas en el régimen de consolidación fiscal, y todo ello con carácter retroactivo de 362 días, no se está dando un mensaje muy optimista a inversor alguno.
La preocupación es mayor aún, cuando estamos ante un larguísimo año electoral, donde se oirán todo tipo de disparates políticos, muchos de ellos criminalizando a la clase empresarial, y es ;en estos momentos de compleja situación económica, cuando necesitamos trasladar a los inversores la mayor seguridad jurídica, haciendo atractivo nuestro país a los fondos españoles y extranjeros.